Google pagará 85 millones por rastrear móviles sin permiso

Google tendrá que pagar 85 millones de dólares como resolución a una demanda presentada en mayo de 2020. La gran tecnológica ha sido declarada culpable del rastreo no autorizado de teléfonos móviles Android de varios usuarios. Supuestamente, el fin de estas actividades era mostrarles publicidad segmentada.

La demanda fue interpuesta en Arizona (EE. UU.), según un informe de Bloomberg. El medio fuente indica que, el fiscal general Mark Brnovich interpuso la demanda contra Google alegando que la empresa violó la Ley de Fraude al Consumidor del estado al recopilar datos de ubicación de los usuarios de Android. Según la sentencia, Google recopilaba estos datos incluso de usuarios que desactivaron la opción de compartir ubicación en sus teléfonos.

Demanda y sentencia sin precedentes para Google

Según Bloomberg, Google solicitó a la corte estatal de Arizona que desestimara el caso en enero de este año. La empresa argumentó que la ley estatal del consumidor requiere que el presunto fraude tenga que estar vinculado a un anuncio o una venta.

Sin embargo, el juez denegó la solicitud de la empresa, por lo que finalmente llegaron a un acuerdo económico. La empresa tendrá que pagar 85 millones de dólares, la mayor cantidad que Google ha pagado en una demanda de este tipo. “Estoy orgulloso de este acuerdo histórico que demuestra que ninguna entidad, ni siquiera las grandes empresas tecnológicas, está por encima de la ley”, dijo el fiscal general.

Un ciclista consultando Google Maps
Un ciclista consultando Google Maps.

Un portavoz de Google aseguró a los medios que la demanda de Arizona está basada en políticas de productos obsoletas que la compañía cambió hace años. “Ofrecemos controles sencillos y opciones de eliminación automática para los datos de ubicación. Siempre estamos trabajando para minimizar los datos que recopilamos”, dijo el portavoz.

Sin embargo, el caso se cierra justo cuando la empresa se enfrenta a varias demandas similares por parte de varios fiscales generales de Texas, Indiana y Washington DC, en sus respectivos tribunales estatales.

Deja una respuesta